Decía Pedro Pacheco, alcalde de Jerez hace años, aquello de que "la justicia es un cachondeo". Una frase de esas que ha hecho fortuna, y no me extraña porque el tema es campo abonado para comentarios de este tipo o peores.

Pero lejos de tomármelo a broma, el tema de la justicia siempre me ha dado miedo. Es como un mundo de otra dimensión que discurre paralelamente a la nuestra. Los únicos puntos de contacto entre ese inframundo de pesadilla y nuestra realidad cotidiana lo constituyen los juzgados, bufets de abogados y algún que otro edificio de la administración pública. Seguro que todos estáis pensando en los típicos casos que salen de vez en cuando por la tele comentando sentencias entre surrealistas y delirantes, pero ahora no me estoy refiriendo a eso. Bueno, sí, eso también cuenta. Pero lo que realmente me aterra es darme cuenta de que los mecanismos legales son tan complejos, que en la práctica los ciudadanos de a pie estamos totalmente desprotegidos, aunque vivimos envueltos en una falsa sensación de seguridad. Conocer los mecanismos legales ayuda, pero hasta cierto punto. Porque a veces da la sensación de que el sistema se preocupa más por proteger a los criminales que a las víctimas, eso por no hablar de la lentitud de la justicia por falta de medios o aquello de que el pobre siempre tiene las de perder.

Hasta ahora, siempre recurría a casos famosos o de mis conocidos para ilustrar la situación... pero parece que finalmente me ha llegado el turno a mí. Me veo metido en un turbio asunto y, lamentablemente, como víctima. Digo lamentablemente porque, por lo visto, la ley protege a quien decida difamarte y atentar contra tu honor. Lo explicaré muy resumidamente porque la historia es más larga pero no quiero explicarlo todo: resulta que alguien ha suplantado mi identidad electrónica para atribuirme hechos sexuales de dudosa moralidad en varias ocasiones. Encima de lo que me ha costado averiguar el lugar donde esta información se publicaba, ahora me encuentro con que si quiero que se me revelen los datos de esta persona (un email, una ip y quizá un móvil), tengo que poner dinero de mi bolsillo para contratar un abogado, un procurador, poner el asunto en manos de un juez... ¡y sin siquiera tener garantía de que los datos que se obtengan me permitan identificar a esta persona! No sólo eso: en caso de identificarla, si quiero llevarla a juicio me va a suponer un desembolso de varios cientos de miles de pesetas. Claro, si gano recuperaría ese dinero... salvo que los datos no sean suficientes para identificarla, o que la otra persona se declare insolvente, o que el juez considere que las pruebas son insuficientes, etc etc etc, en cuyo caso el nene (yo) se encontraría difamado, humillado y encima atracado por la justicia y sin un puto duro. Resumiendo, lo más sensato sería asumir que como víctima, me toca JODERME porque la justicia se preocupa antes del infractor que de quien sufre el atropello.

Pero como la sensatez nunca ha formado parte de mí, ya he hablado con un abogado penalista. ¿Será verdad que quien ríe último, ríe mejor? Claro que sí. Lo que no sé es si yo reiré o lloraré. Se admiten apuestas...